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El Gobierno limitará la comisión de amortización anticipada
Se abaratarán costes por amortización y a partir del sexto año no se cobrará comisión.

 

En caso de reembolso o amortización anticipada (total o parcial) de un préstamo inmobiliario en sus cinco primeros años de vida, el consumidor podrá tener que pagar una comisión de hasta un 0,25% del capital reembolsado anticipadamente o el importe de la pérdida financiera que pudiera sufrir el prestamista. Si la amortización se produce en los tres primeros años de vigencia del préstamo, el límite se mantiene en el 0,50% que opera en la actualidad para los cinco primeros años de la vida del crédito.

La comisión por compensación de tipos de interés ha llegado a alcanzar el 5%, aunque actualmente se mueve entre el 2% y el 3% y ahora hay entidades que la están quitando

A partir del quinto año, la normativa vigente fija un límite del 0,25 % y en el anteproyecto de ley la comisión es cero desde el sexto año. Las buenas noticias para los consumidores vendrán a partir de entonces, no obstante, si el cliente pacta unas condiciones mejores, serán éstas las que se apliquen, como ocurre en la actualidad.

El fin de la comisión de amortización a partir del sexto año es una de las principales novedades del anteproyecto de ley reguladora de los contratos de crédito inmobiliario, consultado por Efe y que el Ministerio de Economía ha sacado a consulta pública hasta el próximo 15 de septiembre. Otra novedad es que se ofrece al consumidor el derecho de cambiar la divisa de referencia de su préstamo, se regulan las funciones de asesoramiento y se "prohíben" las ventas vinculadas, aunque eso no impedirá que puedan seguir existiendo como fórmula de abaratar la financiación, siempre que se ofrezcan los préstamos por separado en condiciones de mercado o haya una autorización expresa del Banco de España.

Además, con la idea de evitar los errores del pasado, la nueva regulación establecerá límites a la política retributiva de los empleados de entidades de crédito o cualquier otra empresa prestataria, lo que se traduce en que no podrá haber incentivos por el número de hipotecas comercializadas.

Por último, se pretende mejorar los requisitos de experiencia y conocimiento que deben tener los prestamistas o intermediarios de entidades, e incluso establece la obligatoriedad de contar con una formación específica, que la directiva exige a partir de 2019. Todos ellos estarán supervisados o por las propias comunidades autónomas, o en el caso de que su ámbito de actuación vaya más allá de una región o se trate de una entidad de crédito, directamente por el Banco de España. 


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